Buscar inmuebles


Si lo prefieres busca entre nuestros inmuebles escribiendo lo que necesitas:

Ley de Vivienda 2023 II

Continuamos explorando los aspectos de la ley que se pueden encontrar en el sitio web oficial del gobierno, www.lamoncloa.gob.es. Vamos a abordar las disposiciones aplicables en las zonas designadas como tensionadas:

  • Se contempla la posibilidad de una prórroga extraordinaria anual para el arrendatario una vez finalizado el contrato.
  • En los nuevos contratos con nuevos inquilinos, se establece una limitación del alquiler basada en la renta del contrato anterior.
  • Se permite aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos 5 años.

Esta serie de medidas busca brindar cierta estabilidad al inquilino, sin embargo, surge la pregunta ¿por qué el propietario debe aceptar estos cambios en el contrato? ¿Es por un interés social? ¿Qué compensación recibe el arrendador? Se plantea como un caso de injusticia manifiesta.

En el segundo caso, si el propietario decide volver a alquilar la vivienda, se le exige limitar la renta al contrato anterior, lo cual también puede ser considerado como una injusticia evidente. En tiempos de inflación significativa, los propietarios se ven privados de la libertad para disponer de su propio patrimonio, lo que conduce a la decisión de «no alquilar».

La última disposición refleja la misma problemática: el gobierno determina el monto a cobrar, lo que aleja a los potenciales inversores de la adquisición de viviendas para alquilar.

Propuestas para reforzar el equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario:

  • Se propone una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento para situaciones debidamente acreditadas de vulnerabilidad social o económica.
  • Se sugiere que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato sean asumidos por el arrendador, lo que incluiría comisiones o honorarios de agencias inmobiliarias.

Una vez más, la discusión sobre la prórroga extraordinaria se centra en el impacto en los propietarios de viviendas destinadas al alquiler. ¿Qué implica exactamente «situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica»? En la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, www.sanidad.gob.es, podemos encontrar definiciones y criterios para identificar estas situaciones.

En cuanto al segundo punto, su implementación parece intervenir en el mercado inmobiliario con el objetivo de promover una visión sesgada y limitar el desarrollo de empresas que facilitan el alquiler de viviendas a los inquilinos. Sin embargo, este tema merece un debate más amplio y profundo.

Protección contra desahucios:

  • Se proponen mejoras para asegurar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales, facilitando así una respuesta rápida a las personas en situación de vulnerabilidad.
  • Se plantea la provisión de soluciones habitacionales para los afectados y, mientras estas soluciones se implementan, se propone ampliar los plazos de suspensión de los lanzamientos.
  • En casos donde el demandante sea considerado un «gran tenedor» y la demanda de desahucio afecte a personas vulnerables, se requerirá la acreditación de la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación.

El primer párrafo parece más una declaración de intenciones que podría encontrar su lugar en otra legislación más que en la Ley de Vivienda. Lo mismo podría decirse del segundo, aunque aquí se introduce un elemento que afecta directamente al propietario: la ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos. Esto significa que los arrendadores deben garantizar que se extienda una situación de desequilibrio si la administración decide ayudar a las personas vulnerables. En este sentido, se plantea la cuestión de si la administración debería asumir estos costos en lugar de trasladarlos a los propietarios.

La noción de «gran tenedor» es una definición controvertida, ya que establece un límite arbitrario de cinco o más viviendas en una zona tensionada para diferenciar a ciertos propietarios. Esto plantea preguntas sobre la equidad y los derechos económicos de los propietarios. La ley parece responder a la percepción pública de que poseer un patrimonio por encima de la media constituye un abuso, lo cual puede resultar cuestionable desde un punto de vista lógico y legal.

Suscríbete a nuestra Newsletter

Para estar al tanto de todas las novedades sobre LFCantabria, suscríbete a nuestro boletín de correo.

© LFCantabria 2021

Suscríbete a nuestra Newsletter